|
La Plataforma por la Educación Pública y la Plataforma por la Escuela Laica, desde su compromiso por la mejora de la calidad en la educación, queremos manifestar nuestro desacuerdo con la recientemente aprobada Ley de Transferencias entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, en lo referente a las competencias sobre la etapa infantil 0 a 3 años.
Consideramos que, tal y como se ha plasmado la citada ley, presenta una serie de aspectos estructurales negativos y de retrocesos en materia educativa como son, entre otros, los siguientes:
- Rompe la unidad y coherencia educativa de un periodo decisivo en el desarrollo de los niños y niñas como es la etapa infantil, al dividirlo en dos ciclos que dependen de presupuestos, gestores y condiciones muy diferentes, sin que se articulen medidas específicas que garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades.
- Puede implicar diferencias significativas entre los centros en función de los distintos criterios de distribución de los recursos económicos que establecen los ayuntamientos y, sobre todo, de las diferentes voluntades políticas y sensibilidades sociales que manifiestan los equipos de gobierno municipales.
- Podría conducir a una progresiva privatización de los centros, en la que, como es bien conocido, suelen acabar los servicios de las entidades locales, sin que además implique un control adecuado de la calidad de los mismos.
- No garantiza la coherencia, ni la adecuación educativa ni el tratamiento homogéneo de los principios educativos de esta etapa del desarrollo infantil, cuestiones fundamentales que no parecen importarles a los que han elaborado la ley, pudiéndose caer en un reino de taifas en el que cada entidad local hará lo que crea y lo que pueda.
- En el desarrollo del texto legal no se garantiza el carácter público de esta etapa educativa, pues la ley sólo obliga a los ayuntamientos a mantener la gestión pública durante tres años, pudiendo luego optar por otras formulas de gestión privada.
- El texto legal profundiza en el tópico de que la descentralización de las competencias en materia educativa implica necesariamente cercanía al usuario, eficacia en la gestión y eficiencia en la organización de recursos, antes al contrario, la experiencia en otros ámbitos demuestra que lo que en última instancia se pretende es enmascarar la progresiva privatización encubierta de servicios y reducciones presupuestarias que repercuten negativamente en la calidad.
Con estos argumentos, consideramos por tanto que, tal como se ha concretado la Ley de Transferencias, es incoherente, no tiene justificación, no garantiza la calidad, ni la equidad ni la igualdad de oportunidades, abriendo el camino a grandes diferencias de situaciones entre ayuntamientos y a un progresivo deterioro de las condiciones educativas de esta etapa infantil.
Integrantes: Plataforma Educación Pública: IU, PSOE, FAMPA, FETE-UGT, STE, CCOO y Plataforma Escuela Laica: CCOO, CGT, MUP-R Arévalo, ACPR, FAMPA, IU
|
