Un ejemplo: En estas elecciones si 9.000 ciudadanos votan en blanco y sólo 1 vota al partido B, éste partido tendría la mayoría absoluta con el 100% de los escaños. La actual ley electoral interpreta que los votos en blanco no son computables, es decir que no valen los votos de los 9.000 ciudadanos que votan en blanco, y sí que vale el voto del ciudadano que votó al partido B. Por lo tanto, nuestra ley electoral establece que el partido B obtuvo la confianza del 100% de los ciudadanos y debe obtener el 100% de la representación. Hay a quien esta situación puede parecerle injusta, pero (y les aseguro que he estudiado a fondo la ley electoral) es Legal.

Aunque vivimos en democracia, todavía tenemos en nuestras leyes fundamentales rasgos que son más de Partidocracia que de democracia. Quienes piensan que esta situación es manifiestamente mejorable, no esperen encontrar en los Partidos Políticos ninguna ayuda para enmendar esta situación.

Podéis comprobar que son varias las cartas hablando del voto en blanco en este diario, y nunca en público una contestación. En privado son varios los políticos que reconocen la injusticia de estar por encima del ciudadano, pero no pueden, no deben, romper la Disciplina de Partico.

El repetido desprecio a las instituciones democráticas de este individuo, su pertinaz negativa a las peticiones de asistencia al Congreso, sus actuaciones, que hacen exclamar al actual ministro de Justicia "...no lo puedo creer...", ante las maniobras irregulares para colocar a sus secuaces violando el reglamento; sus declaraciones fascistoides comparando lengua catalana y sevillanas, despreciando desde ese toque chulesco, que sólo un buen franquista puede conseguir, a catalanes, andaluces, y a todo español decente. Suma y sigue. Este elemento es Francisco José Hernando, presidente del Consejo General de Poder Judicial, esperemos que por poco tiempo, y ha tenido el mérito de concitar la unidad de opiniones en torno a su persona de los miembros mas demócratas en ese organismo: un indeseable y un enemigo de la libertad.

Las palabras del Ministro de Administraciones Públicas, el señor “Jordi Nosequeciudad” (no quiero manchar a un millón de andaluces), reflejan su sentido de la medida en otros campos, además del de la política catalana.

En primer lugar, no acepta la definición de catalán como la de “aquella persona que vive y trabaja en Cataluña”. Y, por una vez, tiene razón. La definición es incompleta, porque falta añadir “...y quiere serlo”.