La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) expresa su más enérgica protesta ante las medidas que la cancillería de la República de Polonia pretende tomar contra los voluntarios polacos de las Brigadas Internacionales. En lo económico, querer suprimir las pensiones a ancianos de noventa años, edad media de los escasísimos supervivientes, es una decisión indigna y mezquina que recuerda las represalias de los regímenes totalitarios.

Representantes de los colectivos vecinales antiparquímetros de los barrios de trabajadores de la periferia de Madrid permanecieron durante todo el día de ayer, martes 20 de marzo, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para exigir a la presidenta, Esperanza Aguirre, la celebración de la entrevista que le solicitaron por escrito el pasado 21 de febrero, y que fue comprometida el 2 de marzo a través de su director de Gabinete. Como es conocido, la reunión se iba a celebrar el miércoles 7 de marzo, pero fue cancelada el día anterior alegando razones de agenda. Una semana después, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, defendía el interés de que el Partido Popular conociese directamente las razones de estos vecinos.

A lo largo de la jornada de ayer, nadie de la presidencia quiso establecer contacto con estos colectivos, y se conocieron a través de los medios de comunicación unas declaraciones de Esperanza Aguirre, en las que manifiesta su negativa a celebrar la reunión comprometida en su día, lo que supone un brusco e inexplicable cambio de actitud.

Manifiesto Unitario de la Coordinadora Republicana de Madid para el 14 de Abril

La Constitución de 1978 es evidente que no ha servido para resolver ninguno de los grandes problemas de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado Español.

Dar potestad al ejército para mantener la unidad de España significa una usurpación de la soberanía popular, una amenaza a los pueblos del Estado Español y una intimidación permanente de este país.

Pero es más, para impedir que la clase obrera y las clases populares siguieran reivindicando la transformación social desde la perspectiva económica, política, cultural y social, los antiguos franquistas, los grandes capitales, con la capitulación de las direcciones de los mal llamados partidos de izquierdas y de los sindicatos, difundieron profusamente los logros reflejados en la Constitución, quedando todo ello en papel mojado al consagrar la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que como estamos viendo día a día, liquida los derechos conquistados en décadas de luchas ejemplares.

El debate acerca del Proyecto de Ley iniciado el día 14 de Diciembre de 2006 está ya en la calle. Las personas y los grupos abajo firmantes denuncian el contenido de este Proyecto, elaborado por la Comisión Interministerial que fue creada en 2004, y con el que no podemos estar de acuerdo porque no recoge aspectos fundamentales que hoy por hoy son irrenunciables para gran parte de la sociedad a quien va dirigida.

Nosotros exigimos que la futura Ley se elabore en conformidad con los principios legales internacionales que son de aplicación (según se fundamenta en el informe del Equipo Nizkor sobre la impunidad de los crímenes franquistas), e instamos al Gobierno a que se posicione con más valentía y que tenga en cuenta la palabra y los derechos de miles de ciudadanos que tienen puestos sus ojos en esta Ley y que no pueden conformarse con una propuesta que no llega a cubrir su más mínimas expectativas. Por ello, Llamamos a todos los ciudadanos a unirse en torno a los siguientes puntos, entendidos como base de trabajo:

1. Que se condene el golpe de estado de 1936, y el franquismo como régimen ilegal impuesto mediante la fuerza, rechazando la absurda equiparación de los llamados “dos bandos”, que pone en el mismo plano de legitimidad al gobierno republicano elegido democráticamente y a los militares sublevados. Que se devuelva a las víctimas del franquismo sus derechos según la Legislación Internacional, reconociendo explícitamente la lucha por la libertad y la democracia que desarrollaron guerrilleros y maquis.
2. Retirada de todo tipo de simbología franquista y prohibición de todo tipo de mención elogiosa o exaltación del franquismo.
3. Anulación de cuantos procesamientos y sentencias emanados de los tribunales franquistas atenten contra derechos humanos reconocidos, así como de expedientes depuradores o sanciones administrativas del mismo tipo, por haberse realizado sin garantías procesales y ser el resultado de una jurisdicción ilegítima.
4. Asunción por parte del Estado de las tareas de investigación, localización y posible exhumación de fosas comunes, a petición de familiares o entidades representativas, dando a estas una protección legal como “lugares de memoria” colectiva.
5. Elaboración de una Ley de archivos y de un Plan Estatal de catalogación y gestión de archivos y fondos documentales que implique a todas la administraciones, todo ello orientado a ayudar a los investigadores y a los familiares de las víctimas en la búsqueda de documentos, facilitando su obtención sin restricciones.
6. Que el Estado utilice todos los medios necesarios para que la verdad sea recuperada, difundida y explicada, ocupando dentro de los planes de enseñanza el lugar principal que se le debe, con el fin de que todos los ciudadanos conozcan y comprendan el alcance de los hechos, cumpliéndose así uno de los principales mandatos que marcan las Leyes Internacionales acerca del derecho a conocer la verdad.

La asunción de estas demandas por parte de las administraciones no debe implicar la marginación de las Asociaciones que durante años han asumido voluntariamente estas tareas, antes al contrario. Siendo interlocutoras naturales entre el Estado y la ciudadanía afectada deben ser consideradas como entidades de interés público cuya actividad autónoma debe ser protegida y apoyada.

Entendemos que estos seis puntos son irrenunciables y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en torno a ellos, a debatir el Proyecto de Ley y a exigir al Gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades para con las víctimas y sus familiares.

Valladolid, a 10 de febrero de 2007.