Afrontamos el 6 de diciembre de 2006 fortalecidos por el auge de las ideas republicanas y del movimiento por la III República.

    Los poderes del Estado y las instituciones llamadas “democráticas” rinden pleitesía a una monarquía designada por Franco, que la impuso como garante de los intereses de una clase social a cuya cabeza se encuentra la oligarquía financiera integrada por los antiguos franquistas y los neofranquistas, por los grandes terrateniente y por todos aquellos que, junto a la banca y los especuladores inmobiliarios, están esquilmando a los pueblos del Estado español.

    Lo que se ha denominado la Transición española no ha sido más que la adaptación del régimen fascista a las nuevas necesidades del gran capital, que pretende hacernos olvidar su complicidad con la dictadura franquista y con sus crímenes mediante una Constitución que sirva como ley de punto final a todo lo sucedido durante 40 años de tiranía.

    Restauran la monarquía sin contar con nadie y ponen como Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas al Rey heredero del dictador representado por Juan Carlos I, garantizándole de por vida la inmunidad penal De este modo la responsabilidad de este sujeto en la época de Franco, que la tuvo, así como  la que tenga en el futuro, queda anulada por la Constitución española.

Declaración puntualizando la declaración de Amnistía Internacional Sección Española sobre la cuestión de la nulidad de los juicios sumarísimos y las Comisiones de la Verdad.

La Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AFARIIREP), debe su fundación al objetivo básico de conseguir con su actuación la nulidad de los juicios del franquismo y el reconocimiento jurídico de todas las víctimas de este régimen.

En relación con este objetivo:

1) Hemos tomado nota de la publicación del documento de Amnistía Internacional Sección Española: “Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo: no hay derecho” de noviembre de 2006 y de su posición de revisar las sentencias del franquismo.

2) Nos alegra que Amnistía Internacional Sección Española haya avanzado en sus análisis jurídico con relación a nosotros, las víctimas del franquismo, evolución notoria con relación a su primer documento.

Hace poco más de un mes miembros del MUP (Movimiento por la Unidad del Pueblo) de Elx se reunieron con representantes de la Subdelegación del Gobierno para expresar su preocupación y malestar ante el acoso que están sufriendo compañeros ecuatorianos por parte de agentes de la Policía Nacional. En concreto, uno de los portavoces de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos “Eloy Alfaro”, colectivo que comparte sede social en el Ateneu Popular con el MUP y otras entidades, ha sido objeto de visitas a domicilio y de amenazas, durante los últimos meses, tanto por individuos no uniformados que se presentaron como agentes de la Policía Nacional, como por agentes de uniforme que le han venido amenazando con impedirle renovar su permiso de residencia y con multarle en diversas ocasiones cuando él les ha pedido que dejaran de insultar a un compatriota o a él mismo.

  En una nota de prensa, el diplomático advirtió que Aznar "no tiene moral para pontificar sobre nuestra democracia dado que pesa sobre su nombre el tristemente célebre antecedente de su apoyo al golpe de Estado de abril de 2002 y al derramamiento de sangre venezolana".

 Nuestro modelo socioeconómico promueve la inclusión social, y si ello molesta al señor Aznar lo entendemos desde su muy particular filosofía, extraña mezcla de anacronismo, ignorancia de nuestra realidad y confusión entre política y religión, expresa Méndez Romero.