Comunicado de la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendian” tras el “pacto de desbloqueo” de la Ley de la Memoria Histórica

Después de haber leído y analizado el texto de dicho acuerdo, queremos exponer lo siguiente:

Este texto:

“...reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura.”

“declara la ilegitimidad de los Tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que durante la Guerra Civil, se hubieran constituidos para imponer por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.”

“Por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo del tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno y el tribunal de Orden Público (TOP)...”

“Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos... durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España...”

“La declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índoles económica o profesional...”

Analizando este acuerdo vemos lo siguiente:

1. Ponen al mismo nivel – injusto e ilegítimo – al gobierno Constitucional Republicano que intentaba mantener el Estado de Derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares de los sublevados.


2. No se declara la ilegalidad de los tribunales del Franquismo, y consiguientemente la anulación de todos los juicios, incluyendo los del Tribunal de Orden Público. Tampoco dice nada de la responsabilidad de la fiscalía que surge del no cumplimiento, en el caso de las víctimas del franquismo, por el cual tiene la obligación constitucional de investigar todos los crímenes y, más aún, los que por su naturaleza pueden considerarse crímenes graves contra los derechos humanos o el derecho penal internacional.


3. La clave de este vergonzoso acuerdo es que se habla de ilegitimidad, o sea se busca una forma de que algo cambie para que todo siga igual. No se declara la ILEGALIDAD de la dictadura y sus tribunales. Tratan de crear confusión entre “ilegítimo” e “ilegal”, buscando hacerlos sinónimos cuando en derecho tienen una aplicación cualitativamente distinta. Según la declaración del Equipo Nizkor:

“Hay una norma en derecho que hace inválido e ilegal un acuerdo civil, una ley e incluso un acuerdo internacional y es lo que en derecho se denomina el principio de buena fe.”

“Pues bien, este acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios de IU y PSOE es inválido e ilegal porque viola el principio de buena fe”.

“Es obvio que el régimen franquista tiene un origen ilegítimo en cuanto proviene de un golpe de estado, pero este hecho –que es una condición suficiente- no es, por si sólo, el que define la ilegalidad del régimen franquista.”

“Este régimen fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar como crímenes contra la humanidad. Pero además, es parte del entramado filosófico y conceptual que promovió el fascismo en Europa.”

“Este acuerdo se basa en un acto esencial de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños.”

“Sería bueno que los artífices de esta manipulación conceptual nos explicaran cuales son los actos que pueden convertir en legítimo un golpe de estado en contra de un régimen democrático y que, según ellos, lo pueden llevar a ser legal.”

En el citado acuerdo no se citan el derecho a la justicia y el derecho a la verdad que es obligación de un Estado de Derecho. Este acuerdo incumple las normas internacionales de derechos humanos, y viola el derecho internacional. Aun así, no van a evitar que desaparezcan los problemas pendientes y, mucho menos, las obligaciones legales del Estado, que antes o después, éste deberá asumir, dado que las características de los crímenes cometidos por el régimen franquista reúnen las condiciones de imprescriptibilidad reconocidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, desde nuestra asociación consideramos que este pacto en una puerta abierta a una “ley de punto final”. Una forma de legalizar la dictadura franquista y todos los actos que se cometieron contra miles de personas que dieron su vida en defensa de la República y que lucharon contra la dictadura sufriendo la muerte, la cárcel, el exilio etc.

Mostramos nuestro rechazo absoluto a este acuerdo y de nuevo , tal y como lo hicimos en la carta enviada en agosto de 2006 a todos los miembros del Gobierno y del Parlamento Español, pedimos “vuelvan a reformular la Ley sobre la base de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, sobre el Derecho emanado de los Juicios de Nüremberg y que ponga fin a la Impunidad de los Crímenes del Fascismo franquista, teniendo en cuenta la posición e indicaciones de organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor”.

CONTRA EL PACTO DE DESBLOQUEO
POR UNA VERDADERA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
POR LA III REPUBLICA